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Certificados de análisis y normas ISO: apelación declarada infundada

Fecha de resolución: 2 de octubre de 2026
Expediente: N.º 06700/2026.TCP

Asesoría jurídica especializada en recursos de apelación y revisión de documentación técnica de ofertas en contrataciones públicas.
Imagen ilustrativa de asesoría especializada en contrataciones públicas.

La controversia

Una empresa adjudicataria de un procedimiento de contratación pública para la adquisición de dispositivos médicos enfrentó un recurso de apelación interpuesto por un competidor cuya oferta había sido declarada no admitida.

El impugnante solicitó que se revocara la no admisión de su oferta y cuestionó, además, la oferta de nuestra representada y el otorgamiento de la buena pro.

La controversia involucraba la acreditación de características técnicas mediante certificados de análisis y la identificación de las ediciones o versiones de las normas ISO utilizadas en los ensayos correspondientes.

Nuestra intervención

Licita Fácil brindó asesoría especializada en la defensa de los intereses de la empresa adjudicataria ante el Tribunal de Contrataciones Públicas.

Nuestra intervención se orientó a sustentar la posición jurídica de nuestra representada frente al recurso de apelación, mediante el análisis de los requisitos de admisión, la documentación presentada por los postores y los cuestionamientos formulados durante el procedimiento.

El resultado obtenido

El Tribunal de Contrataciones Públicas, mediante decisión adoptada por mayoría, declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la no admisión de las ofertas del impugnante.

Asimismo, al no haberse revertido dicha condición, declaró improcedentes los cuestionamientos dirigidos contra la oferta de nuestra representada y el otorgamiento de la buena pro, sin pronunciarse sobre el fondo de estos extremos.

Como resultado, la adjudicación obtenida por nuestra representada no fue revocada por el Tribunal.

Este caso demuestra la importancia de una defensa jurídica especializada frente a controversias que pueden poner en riesgo los resultados obtenidos por los proveedores en los procedimientos de contratación pública.